Exhiben lío del hotel Gran Coco Bay Riviera Maya
Miercoles, 03 • Diciembre • 2008
El columnista Ricardo Alemán, del periódico El Universal, comenta hoy sobre la corrupción que hay en el sistema judicial mexicano. Aunque habla de diversos casos, incluso algunos relacionados con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cierra su artículo con un comentario al calce sobre sonado caso en Quintana Roo, en el que se involucra a la jueza Rubí Guadalupe González Alpuche, quien se encuentra en Yucatán.
Dice el editorialista del periódico capitalino que la funcionaria "se ha prestado al despojo del patrimonio a los socios del hotel Gran Coco Bay, de la Riviera Maya".
Alemán, uno de los más importantes líderes de opinión, señala en su texto que los agraviados "dicen que el dinero hizo que la juez actuara aun sin tener competencia".
El comentario del editorialista lo cierra diciendo: ¿Quién meterá en orden a la juez? Difícil, si respondemos: ¿saben cuánto vale ese hotel?
Por otra parte, el Diario de Quintana Roo, que también circula en Yucatán, trae hoy entre sus notas principales los detalles de este espinoso asunto, que incluso ha motivado que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia lo someta a discusión.
Este rotativo dice hoy que hay dos recursos en contra de la jueza Séptima Penal, Rubí Guadalupe González Alpuche, por actuar de manera parcial en el juicio por presunto fraude que se sigue a un grupo de empresarios chetumaleños por el caso "Coco Beach", fueron presentados ayer por éstos últimos y su cuerpo de abogados, respectivamente.
El primero de éstos, denominado de Recusación, fue entregado a la propia González Alpuche, a la que se pide separarse del asunto y dejarlo en manos de otro juez.
El segundo recurso, motivado por las sistemáticas violaciones a los derechos y garantías de la parte acusada y presentado ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, solicita entablar un juicio de responsabilidad a la mencionada jueza.
Tal y como se dio a conocer en su oportunidad, la querella por presunto fraude fue presentada por Jorge Carlos Montalvo Ferráez, apoderado general de la sociedad denominada "Muebles e Inmuebles Corporativos", Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra del grupo de empresarios integrado por Mario Alberto Pasos Moguel, Jorge Arturo Contreras Castillo, Badi Burad Domínguez, Enrique Puga Sansores y Norma Lorena Moreno Pedroza, de acuerdo con la causa penal 22/2006.
En este contexto, el abogado Antonio Corrales Méndez, que encabeza al cuerpo defensor, hizo alusión a las reiteradas ocasiones en que tuvieron que recurrir inevitablemente a la autoridad federal para combatir las transgresiones que, por clara animadversión o enemistad con los acusados (instruidos), cometió la jueza González Alpuche.
"Nosotros consideramos que lo que hemos promovido está apegado a derecho. No se hace por un simple capricho, sino porque durante el seguimiento de este caso, (la jueza) ha dado muestra reiterada de parcialidad en favor de la otra parte. Hay una animadversión en nuestra contra, porque de otra manera no nos explicamos cómo una autoridad con la experiencia que ella tiene, con 25 años de trayectoria, esté sistemáticamente violando nuestras garantías individuales de manera más que notoria".
A manera de ejemplo, el litigante recordó: "Si el delito del que se acusa no es de los graves, uno tiene derecho a solicitar libertad bajo fianza. El inculpado, y sólo éste, puede solicitar al juez el ejercicio de ese derecho. Pero en el caso que nos ocupa, la parte querellante le pidió al Ministerio Público que dijera a la jueza que hiciera saber a los inculpados que le tenían que pedir su libertad bajo fianza y que, en caso contrario, ella tendría que resolver sobre el particular. Para sorpresa, la propia jueza nos dice que lo hagamos porque si no, en el término de 10 días se pronunciaría sobre el particular. Lo resolvimos con un juicio de amparo, y el Juzgado Primero de Distrito le ordenó que revocara el auto y que dictara otro dirigido al Ministerio Público en el que le precisaba que es un derecho que le corresponde al acusado".
Efectivamente, el acuerdo firmado el 8 de marzo de 2007 en el que se apremiaba a la parte acusada a solicitar caución, quedó insubsistente a raíz de la sentencia federal que otorgó el amparo contra dicha actuación, en mayo de ese mismo año, con lo que quedó confirmada con toda claridad las violaciones a las garantías de los instruidos, la enemistad en su contra y la amistad hacia la parte acusadora.
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